La administración del presidente Donald Trump ha instaurado una nueva regla que modifica el proceso para obtener la residencia legal permanente en Estados Unidos, conocida como la 'green card'. Esta medida obliga a los solicitantes que se encuentran dentro del país a regresar a sus países de origen mientras esperan la decisión sobre su solicitud migratoria, lo que representa un cambio significativo en la política migratoria y un golpe para la migración legal.
Hasta ahora, muchos migrantes podían realizar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, evitando así tener que salir del país durante el proceso. Sin embargo, con esta nueva norma, aprobada recientemente, los solicitantes deberán acudir a los consulados estadounidenses en sus naciones de origen para continuar con el trámite, lo que implica una separación prolongada de sus familias y la posible pérdida de empleos.
Expertos en inmigración advierten que esta disposición podría afectar a más de medio millón de personas cada año. Según Daniel Costa, director de investigación en leyes y políticas migratorias del Economic Policy Institute (EPI), esta política tendrá un impacto negativo en millones de vidas. Costa señala que muchos migrantes podrían perder sus trabajos si no pueden laborar de forma remota desde el extranjero y que la separación familiar podría extenderse por meses o incluso años.
Datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que en el año fiscal 2024, aproximadamente 782,770 personas obtuvieron residencia legal en Estados Unidos, de las cuales el 58 % lo hizo mediante el ajuste de estatus dentro del país. Esto significa que la nueva regla afectará a una mayoría significativa de quienes buscan regularizar su situación migratoria.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alerta que los migrantes con familiares en Estados Unidos serán los más perjudicados, dado que la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Además, la política impacta a trabajadores con empleos en el país, religiosos, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), personas con permisos humanitarios (’parole') y aquellos que han residido por largos períodos en Estados Unidos.
Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, ha señalado que el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es ambiguo y no especifica claramente quiénes están exentos o afectados, lo que genera incertidumbre entre los solicitantes. Por su parte, Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de AILA, enfatiza que la falta de claridad dificulta conocer el alcance total de la medida.
Aunque el gobierno ha indicado que esta norma solo requiere que los migrantes regresen a sus países para solicitar la visa, Johnson la califica como "desinformación peligrosa". Explica que para muchas personas, este proceso no es seguro ni realista y puede significar largos periodos de separación de sus cónyuges, hijos y comunidades en Estados Unidos.
Este endurecimiento de las políticas migratorias forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para reducir tanto la migración ilegal como la legal. Costa destaca que, además de esta medida, la administración ha limitado el acceso al asilo, eliminado beneficios del TPS, pausado la admisión de refugiados (excepto para ciertos grupos) y suspendido el procesamiento de visas para ciudadanos de 75 países, incluyendo varias naciones latinoamericanas como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
El impacto económico de estas políticas también es motivo de preocupación. Antes de la llegada de Trump, casi uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos era inmigrante. Costa advierte que si se cumplen las metas de deportaciones establecidas por la administración, el país podría perder hasta seis millones de empleos, de los cuales un 40 % correspondería a ciudadanos estadounidenses. Esta situación, sumada a otros factores como la inestabilidad internacional, podría afectar negativamente la economía estadounidense.
En resumen, la nueva regla sobre la obtención de la green card representa un cambio sustancial en la política migratoria estadounidense, con consecuencias profundas para miles de migrantes y sus familias, así como para la economía del país. La medida ha generado críticas por su falta de claridad y por los desafíos que impone a quienes buscan regularizar su estatus legal en Estados Unidos.
Fuente original: Noticias SIN.
